Historia del mercado energético y la electricidad en España

Antecedentes de la electricidad en España

La primera mención de un uso práctico de la electricidad en España data del año 1852, cuando un boticario de Barcelona iluminó su farmacia con unas baterías que él mismo fabricó.

En 1881 se estableció el primer proveedor de electricidad, la Sociedad Española de Electricidad. Veinte años más tarde, había un total de 859 plantas y 127 MW de capacidad instalada en España, con un 39 % proveniente de hidroeléctricas y el resto, un 61 %, de origen térmico.

Para los años veinte, con la introducción de la corriente alterna (AC), la capacidad de generación se multiplicó por doce, alcanzando un total de 1154 MW, con un 81 % procedente de hidroeléctricas.

En 1936, estalló la Guerra Civil, causando la destrucción de plantas, equipos, líneas, etc., lo que generó problemas para satisfacer la demanda. Después de la guerra, con el respaldo de Estados Unidos, España reconstruyó lo dañado, mejorando la calidad del servicio y permitiendo incluso la exportación de electricidad a Francia y Portugal.

Tras estas inversiones, se restableció el equilibrio en la demanda. La capacidad instalada aumentó de 6750 MW a 23207 MW en quince años, principalmente gracias a las nuevas plantas térmicas construidas durante ese período. La estructura también cambió, pasando del 84 % hidroeléctrico al 39 % al final de este período, debido al marco de bajos precios del petróleo.

A partir de 1990, con la publicación de la Directiva 90/547/EEC para regular el tránsito a gran escala de las redes eléctricas, y luego en 1996, con la Directiva 96/92/EC para establecer reglas comunes para el mercado interno de electricidad, comenzó verdaderamente la armonización en el tratamiento de la electricidad en Europa, desarrollando un nuevo mercado interno en la Unión Europea.

Período de la post-guerra y nacimiento de UNESA

Después del periodo de posguerra hasta 1959, la capacidad de generación en España no era suficiente para satisfacer la demanda, lo que resultaba en grandes restricciones eléctricas y cortes de luz frecuentes. En las ciudades costeras, se mitigaba esta situación con las centrales móviles de las diferentes fragatas. La reconstrucción de las plantas era lenta y las dificultades para importar equipos para nuevas plantas o materiales para reparar las existentes eran significativas debido al bloqueo internacional.

UNESA Asociación de Empresas de Energía Eléctrica

En la década de 1950, el gobierno español presentó un nuevo decreto en 1951 que establecía una Red Eléctrica Española y un sistema de tarifas llamado «Tarifas Tope Unificadas», que fijaba precios uniformes en todo el país. Aunque en la mayoría de los países europeos se optó por la nacionalización del sector eléctrico para garantizar una operación completa y unificada de la red, España adoptó un enfoque único mediante la coordinación de las compañías existentes.

Ante esta delicada situación, el gobierno tomó medidas, creando ENDESA y ENHER para impulsar el sector eléctrico junto con las empresas ya existentes. En este contexto, surgió la necesidad de una operación eficiente y coordinada, así como una producción racional de electricidad.

Los propietarios de las diferentes centrales térmicas tenían dos opciones de trabajo: la fórmula A, que compensaba el costo del petróleo y permitía a la compañía operar completamente la central, o la fórmula B, que garantizaba el pago de todos los gastos de operación de la planta, más el 6 % del capital invertido en su instalación, pero bajo esta fórmula, la planta era gestionada por el RECA como planta de reserva.

En ambos casos, la compensación para la energía térmica era fundamental para mantener una operación unificada y coordinada.

Funciones y objetivos de los Planes Eléctricos Nacionales de UNESA

El primer Plan Eléctrico Nacional vio la luz en 1969, con el objetivo de programar la generación eléctrica para los próximos años. UNESA desempeñaba diversas funciones para matizar como funcionaba el mercado, entre las que se incluían la fijación de precios de la electricidad, el análisis económico y financiero, los estudios técnicos de la demanda nacional y la optimización del comercio internacional.

En este plan se establecieron varios objetivos, como proyectar la demanda para todo el periodo, optimizar la potencia instalada a nivel nacional para satisfacer dicha demanda, prever la construcción de nuevas plantas según los estudios previos y anticipar las inversiones necesarias, así como la provisión de petróleo necesario.

La administración recomendaba considerar criterios económicos y técnicos, como basar la optimización en la solución de menor costo, utilizar al máximo los recursos nacionales y priorizar el uso de las plantas ya instaladas, dando prioridad a las nucleares y las de carbón en el diagrama de carga.

Crisis energética y Plan Energético Nacional

La crisis energética que tuvo lugar entre 1973 y 1982 marcó un hito significativo en el panorama energético global, especialmente para los países industrializados. El aumento dramático en los precios del petróleo, que se prolongó hasta 1983, obligó a estos países a tomar medidas para reducir su dependencia del crudo y encontrar formas alternativas de energía.

Los informes del Club de Roma advirtieron sobre la posibilidad de agotamiento de los recursos naturales si el consumo seguía aumentando al mismo ritmo. En respuesta a esta crisis, los expertos internacionales abogaron por una gestión más racional de la energía y por la inclusión de los costos de producción en los precios energéticos.

En España, a pesar de contar con modernas plantas de petróleo que proporcionaban más de 8000 MW de potencia, la crisis energética llevó al país a replantear su estrategia energética. En 1975, se aprobó el primer Plan Energético Nacional, con cierto retraso debido a la alta dependencia del país del petróleo. Mientras que la mayoría de los países industrializados estaban implementando políticas para reducir su consumo de crudo, en España este seguía aumentando.

Liberación del sector energético

Durante el período de 1997 a 2003, se implementó una serie de reformas legislativas que provocaron una transformación significativa en el sector eléctrico español, introduciendo la competencia de comercializadoras tanto en la generación como en el mercado, lo que supuso un cambio radical en su funcionamiento.

A partir del 1 de enero de 2003, todos los clientes españoles, que superaban los 25 millones, obtuvieron la libertad de elegir su proveedor de electricidad, lo que marcó un hito importante en el camino hacia la liberalización del mercado eléctrico. Esta competencia no se limitaba al ámbito nacional, sino que también se extendía al nuevo Mercado Europeo, generando una competencia entre países.

Evolución del consumo neto de energía eléctrica en España

Fuente: Elaboración propia de evolución del consumo neto de energía eléctrica en España

La base de este nuevo modelo de operación del sector eléctrico español se estableció en la Ley del Sector Eléctrico 54/1997, que introdujo varios puntos clave. En primer lugar, se sustituyó el concepto de servicio público por el de servicio esencial y universal, con la garantía de suministro para todos los consumidores en territorio español.

Además, la gestión del sistema eléctrico nacional pasó a ser responsabilidad de Red Eléctrica Española (REE), marcando un cambio importante en la estructura operativa del sector. Se eliminó el tradicional plan estatal para la instalación de nuevas plantas, permitiendo la libertad de instalación sujeta únicamente a autorizaciones administrativas.

La ley también estableció el principio de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución, promoviendo así una mayor competencia en el sector. Aunque se garantizó la libertad para que los consumidores eligieran su proveedor, esta implementación se llevó a cabo de manera gradual. Inicialmente, se estableció un período de 10 años para su completa implementación, aunque posteriormente el gobierno acortó este plazo hasta enero de 2003.